Una propiedad recuperada en 2023, usada como prostíbulo, que se destinó para asistir a víctimas de trata es hoy el centro de una disputa por aumentos de alquiler y una acusación de venta ilegal.
Contexto del Operativo
En un operativo judicial llevado a cabo en octubre de 2023, efectivos de la Gendarmería Nacional recuperaron dos propiedades contiguas en el pasaje Sargento Gómez, en la zona de El Bajo, capital tucumana. La medida, ordenada por el Tribunal Oral Federal, contó con la presencia del fiscal federal Pablo Camuña y otros funcionarios judiciales.
Los gendarmes utilizaron un ariete para forzar el portón de metal de ingreso. Durante la inspección, se encontraron en el interior camas de cemento y bachas en las habitaciones, elementos que confirmaban el uso previo de los inmuebles como prostíbulos. Estas propiedades estaban vinculadas a causas por trata de personas, una contra Hugo Díaz (ya condenado) y otra conocida como «bar California».
María de los Ángeles Agüero, abogada del Centro de Acceso a la Justicia y de la Fundación «María de los Ángeles», explicó en ese momento: «Se está haciendo la entrega provisoria de los inmuebles a Susana Trimarco, como establecieron sentencias por Trata de personas». El tribunal dispuso que las viviendas, una vez recuperadas, fueran administradas por la Fundación de Susana Trimarco –madre de Marita Verón y emblemática luchadora contra la trata– con el objetivo de convertirlas en «espacios de asistencia a víctimas, de capacitación o de talleres». Cabe destacar que durante el allanamiento también se encontró a una familia residiendo en una de las casas, quienes declararon pagar un alquiler a un tercero.
LA SITUACIÓN ACTUAL: La Disputa con los Inquilinos Comerciantes
Un año después de aquel operativo, la situación en las propiedades recuperadas ha dado un giro que genera controversia. Susana Trimarco, en su calidad de administradora de los inmuebles, alquila locales comerciales en la misma zona a varios comerciantes.
Según denunciaron los inquilinos, Trimarco les propuso un aumento sustancial en el precio de los alquileres, que pasaría de 3 a 6 millones de pesos. Los comerciantes, argumentando la imposibilidad de afrontar dicho monto, le solicitaron que el aumento se aplicara en un plazo más adelantado.
La titular de la Fundación María de los Ángeles no aceptó la propuesta de los inquilinos. En medio de este conflicto contractual, Trimarco realizó una denuncia en su contra, acusándolos de «vender mercaderías ilegales».
El Desenlace Policial
Como consecuencia de la denuncia de Trimarco, la Policía Federal allanó los locales comerciales de los inquilinos en la zona de El Bajo. Una de las comerciantes afectadas, Lidia Prado, salió públicamente a cuestionar a Susana Trimarco, a quien señaló directamente como la responsable de la medida policial. Prado vinculó el allanamiento con la negativa de ellos a aceptar el aumento de alquiler, insinuando una represalia por la disputa económica.
La situación expone una compleja tensión entre el loable destino original de las propiedades –como un espacio de ayuda a las víctimas de un delato tan grave como la trata– y la actual disputa legal y comercial con los pequeños empresarios que las ocupan, quienes ahora se sienten víctimas de una presión desmedida y una denuncia que consideran instrumentada.
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