Mientras Ricardo Fabián Suárez recibía hoy una condena de dos años y tres meses de prisión condicional por amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo durante una transmisión en vivo, las víctimas de homicidios y casos graves en Tucumán continúan esperando justicia. La eficiencia demostrada en este caso contrasta brutalmente con la parálisis que caracteriza a numerosas causas penales donde no hay funcionarios ni figuras públicas involucradas.
La Justicia tucumana mostró una celeridad inusual en resolver mediante juicio abreviado este caso iniciado en agosto pasado, donde el imputado aceptó su responsabilidad por el delito de amenazas simples e instigación a cometer delitos. La Unidad Fiscal Criminal I, a cargo del fiscal Mariano Fernández, logró en tiempo récord reunir pruebas, celebrar acuerdos y obtener condena, destacando que el acusado «no tiene antecedentes y mostró mucho arrepentimiento».
Mientras esta maquinaria judicial funciona a máxima velocidad para proteger al gobernador, familias de víctimas de femicidios, homicidios dolosos y crímenes callejeros observan con frustración cómo sus casos se acumulan en fiscalías sobresaturadas, sin avances concretos y con pesquisas que demoran años. La misma Unidad Fiscal que resolvió este caso en dos meses mantiene decenas de causas graves sin movimiento sustancial, esperando pericias que nunca llegan y testimonios que nunca se toman.
La selectividad en la aplicación de justicia se ha convertido en una marca registrada del sistema tucumano. Los recursos humanos y materiales que se movilizaron para investigar un comentario en redes sociales contra el mandatario brillan por su ausencia cuando las víctimas son ciudadanos comunes, cuyos casos no generan repercusión política ni mediática.
Esta condena, lejos de celebrarse como un triunfo judicial, debería cuestionarnos por qué algunos casos avanzan mientras otros se estancan indefinidamente. La misma eficiencia demostrada hoy debería replicarse en todas las fiscalías, para todas las víctimas, sin distinción de rango o influencia política. Mientras esto no ocurra, la sombra de la justicia selectiva seguirá proyectándose sobre los tribunales tucumanos.
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