La delegada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, enfrentará un juicio oral los días 28 y 29 de abril de 2026 por delitos de extorsión, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y estafa, en una causa que revela un sistema de poder familiar y político que perdura en esta comuna de 4.800 habitantes. Mientras la Justicia avanza, la respuesta del liderazgo provincial, incluyendo al gobernador en licencia Osvaldo Jaldo, ha sido el silencio, dejando en evidencia las tensiones internas en plena campaña electoral.
Contreras, quien gobierna junto a su esposo, el ex comisionado Hugo Alfredo Lazarte, está acusada de haber obligado a empleados municipales a devolver parte de sus salarios entre 2016 y 2018 para conservar sus puestos de trabajo. Según consta en la causa, en algunos casos la funcionaria retenía directamente las tarjetas de débito de los trabajadores y realizaba extracciones en cajeros automáticos del centro de la capital. Uno de los testimonios clave, el de Mónica Dolores Risso, indica que recibía apenas $3.000 de un sueldo que ascendía a casi $15.000.
La investigación, elevada a juicio en 2024 a pedido del fiscal Diego López Ávila, también incluye una línea de indagación por el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de una vivienda particular en El Cadillal. Facturas de materiales emitidas a nombre de la comuna no aparecen registradas en las rendiciones oficiales, según detectó el Tribunal de Cuentas.
A pesar de las graves acusaciones, la situación política de Contreras parece intacta. El entonces gobernador Jaldo, hoy candidato a diputado nacional, inicialmente afirmó desconocer los expedientes, pero luego, junto a su ministro del Interior Darío Monteros –señalado como protector político de la delegada–, optó por la postura de “esperar a que la Justicia se expida”. Ahora, con fecha fijada para el juicio, Jaldo ha delegado la responsabilidad de una posible remoción en el vicegobernador Miguel Acevedo y en los legisladores, en lo que sus críticos interpretan como un intento de lavarse las manos.
Analistas locales sugieren que el oficialismo evita tomar medidas antes de las elecciones del 26 de octubre para no alterar acuerdos políticos con los delegados comunales. Mientras tanto, en Las Cejas, los reclamos por calles sin pavimentar y la falta de servicios básicos contrastan con la permanencia de un liderazgo cuestionado por la Justicia. La pregunta que muchos se hacen sigue en el aire: ¿quién apadrina a la delegada?
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