Tras nueve años de espera, Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por más de una persona, un hecho ocurrido en 2016. La sentencia impone 10 años de prisión para Trapani y 8 para Rodríguez. Sin embargo, la prisión de cumplimiento en suspenso significa que no serán encarcelados de manera inmediata, sino que deberán esperar a que la condena quede firme. Mientras tanto, deberán cumplir una serie de condiciones y controles judiciales, que incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal. Además, se impuso un resarcimiento económico para la víctima.
La sentencia llega tarde, pero llega gracias a la fuerza inquebrantable de Carolina Monteros, quien resistió la indiferencia, la violencia institucional y el silencio cómplice de un sistema judicial que durante años intentó desalentarla. Caro no llegó sola: detrás de ella caminó una marea de mujeres que no se callan más, que acompañan, que sostienen, que creen. Para la víctima, hoy de 28 años, el fallo representa una victoria que va más allá del castigo: es un mensaje sobre la responsabilidad y las consecuencias legales frente a los abusos.
El caso estuvo marcado por años de inacción y trabas institucionales. Durante los primeros cinco años, el expediente prácticamente no avanzó, y hubo intentos de sobreseimiento sin la incorporación de pruebas clave, como el informe médico forense. Carolina denunció abandono estatal y revictimización constante, que incluyó amenazas y ofertas para que desistiera de la denuncia. En medio de la adversidad, Carolina encontró sostén en su familia y en colectivos feministas, que la acompañaron durante todo el proceso. «Sin ellos no estaría acá», afirmó, destacando la importancia del acompañamiento en la lucha contra un entramado de poder económico y político que buscaba frenar el juicio.
La condena de Trapani y Rodríguez no solo tiene valor personal para Carolina, sino que marca un precedente en Tucumán y para la visibilización de delitos sexuales en Argentina. El fallo refuerza la demanda por una justicia con perspectiva de género y envía un mensaje claro sobre la necesidad de que los delitos sexuales tengan consecuencias reales.
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