El año 1995 encontró al sistema ferroviario de Tucumán inmerso en una profunda crisis, una consecuencia directa de las privatizaciones y la desinversión a nivel nacional que marcaron la década de 1990 en Argentina. El panorama estaba dominado por el cierre de servicios, el abandono de infraestructuras y el fuerte impacto socioeconómico en las comunidades que dependían del tren.
Este escenario de desmantelamiento se originó a principios de la década con las políticas del gobierno nacional de Carlos Menem, que dispuso la desaparición de Ferrocarriles Argentinos. La cancelación de los servicios interurbanos de pasajeros en marzo de 1993 dejó a Tucumán desconectada por ferrocarril del resto del país. La concesión de la red de carga a operadores privados derivó en una severa desinversión, la reducción de ramales y un golpe durísimo para las economías regionales que transportaban sus mercancías por este medio.
En la provincia, el impacto fue tangible y doloroso. Los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, un ícono industrial, sufrieron transformaciones profundas y se convirtieron en un símbolo de la resistencia obrera frente a las políticas de ajuste. El abandono de ramales completos aisló a numerosas localidades, cuyas estaciones quedaron vacías y sus economías locales, gravemente perjudicadas. El Ferrocarril Belgrano, crucial para el norte argentino, se convirtió en chatarra por la falta de mantenimiento.
Frente a esta realidad, el Gobierno de Tucumán firmó en octubre de 1995 un decreto que iniciaba un «Plan de Remodelación Ferro-Urbanístico». Sin embargo, en un contexto nacional de desguace, este y otros proyectos locales encontraron un terreno infranqueable y terminaron siendo esfuerzos que nunca se materializaron.
Ese mismo año, el legislador Carlos Courel y el concejal Ricardo Ascárate presentaron un ambicioso plan ferro-urbanístico. La iniciativa, que proponía un tren urbano e interurbano para el área metropolitana, logró ser aprobada por el Concejo Deliberante en 1997 e incluso convertida en ley por la Legislatura en 2002, pero fue vetada por el entonces gobernador Julio Miranda. La propuesta, que aprovechaba el 90% de la red ya instalada, se presentaba como una solución clave para el colapsado transporte público y vial.
Los planes frustrados se multiplicaron. También en los años 90, el entonces intendente capitalino Rafael Bulacio ideó un tren elevado sobre la avenida Mate de Luna, una idea que no prosperó. Esta era una versión más factible que la extravagante propuesta de los 80 de construir un subterráneo que uniera La Banda del Río Salí con Yerba Buena.
A una escala mayor, durante su gobierno, Ramón Ortega se entusiasmó con el megaproyecto de un tren bioceánico que uniría el Atlántico con el Pacífico a través de cuatro países. Ortega impulsó que el ramal pasara por Tucumán, pero finalmente se optó por una traza por Jujuy y Salta. El corredor, como tantos otros, nunca se concretó.
El legado de 1995 para Tucumán es el de una época definida por el contraste entre el desmantelamiento sistemático a nivel nacional y una serie de intentos locales, llenos de promesas pero vacíos de concreción, que quedaron en la memoria como los planes que nunca llegaron.
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