En medio de una campaña electoral marcada por tensiones judiciales y demandas millonarias, el gobierno de Osvaldo Jaldo firmó esta mañana la extensión del contrato con la Terminal del Tucumán SA, postergando hasta el 27 de abril de 2026 la resolución de un conflicto que arrastra deudas y pleitos desde hace casi dos décadas. La decisión, anunciada en un acto encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, aleja del debate preelectoral una licitación clave para la provincia.
Un problema que no cierra
La Terminal de Ómnibus, operada por la misma empresa desde su inauguración en 1994, acumula dos juicios contra el Estado provincial. El más antiguo (Expediente 824/06) tiene sentencia firme a favor de la concesionaria, que reclama $1.462 millones por incumplimientos en el pago de «toques de andén». Aunque la Provincia insiste en que la deuda es de $183 millones, la Corte nacional ya rechazó su recurso.
Un segundo juicio (Expediente 655/22), iniciado en 2022, suma otra demanda por $2.600 millones. Ambos casos, en plena etapa probatoria o de ejecución, pintan un escenario adverso para el gobierno días antes de las elecciones.
La prórroga: ¿solución o estrategia?
La extensión por seis meses, justificada en «tiempos administrativos», permitirá al Ejecutivo licitar la terminal en 2026, con un plazo de 15 años y una inversión mínima de US$ 8-10 millones. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que el negocio es rentable: la terminal genera unos $4.500 millones anuales gracias a sus locales comerciales y la estación de servicio.
¿Por qué no resolverlo ahora? Analistas políticos sugieren que el gobierno evita sumar un frente de conflicto en la recta electoral. «Una licitación de esta envergadura, con demandas judiciales de fondo, podría generar críticas y cuestionamientos que opacarían la campaña oficialista», señaló un experto en derecho administrativo.
El mensaje entre líneas
Mientras Acevedo firmaba la prórroga en Casa de Gobierno, Jaldo concentraba sus esfuerzos en el cierre de campaña. La extensión no solo aleja el fantasma de una transición complicada, sino que deja en manos del próximo gobierno la responsabilidad de ejecutar la licitación y enfrentar los fallos judiciales.
Para la oposición, la medida es una «maniobra dilatoria». «Es claro que no quieren manejar este tema en época de elecciones. Aprueban una prórroga para que el problema lo herede el próximo gobierno», afirmó un legislador opositor.
Lo que viene
A partir del 27 de abril de 2026, la terminal tendrá un nuevo operador, pero los juicios seguirán su curso. Mientras tanto, el gobierno de Jaldo apuesta a que los comicios del 26 de octubre le den el respaldo necesario para manejar el proceso lejos de los reflectores. El conflicto de la terminal, así, queda en pausa hasta que pase la tormenta electoral.
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