La comisionada rural de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, deberá afrontar un juicio oral y público por su presunta participación en un esquema de extorsión y defraudación en perjuicio de empleados de la comuna. El expediente, que se remonta a la pandemia, quedó formalmente elevado a juicio hace un año, en septiembre de 2024, por el juez Raúl Armando Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional II, aunque aún no se ha fijado la fecha para su inicio.
Contreras, quien además fue denunciada en agosto por presunta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, está acusada en la causa N° 30315/2018 de los delitos de extorsión en perjuicio de Mónica Dolores Risso, Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. A estos se suman dos estafas agravadas en perjuicio de Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso.
El requerimiento de elevación a juicio sostiene que la funcionaria, abusando de su cargo, implementó un sistema para apropiarse de los salarios de varios empleados. Según la fiscalía, Contreras condicionaba el empleo de las víctimas a la «obligación de compartir su remuneración con el resto de los empleados», exigiéndoles la entrega de la totalidad de su sueldo —que oscilaba entre $7.918,18 y $15.893,01— para luego pagarles solo $3.000 y apropiarse de la diferencia. En total, se estima que se habría apropiado de $175.499 de Mónica Risso, $236.432,45 de Ramón Soto y $132.013,91 de José Silvestre Risso.
Además, se le imputa haber utilizado las tarjetas de débito que mantenía retenidas para extraer, sin autorización, $20.000 de la cuenta de José Silvestre Risso y $20.000 de la de Ramón Ernesto Soto el 22 de marzo de 2018, mediante el sistema «Pronto Cash» en un cajero automático. Ramón Ernesto Soto la reconoció en los registros fílmicos del banco realizando estas operaciones, una prueba crucial que fue respaldada por un informe técnico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Frente a estas acusaciones, Contreras negó enfáticamente los cargos durante su declaración como imputada el 7 de julio de 2020. «Niego totalmente el hecho que se me imputa. Yo soy inocente», declaró entonces. Sostuvo que los denunciantes, a quienes identificó como parientes, conocían los términos de sus contratos de seis meses y el monto que recibirían. Respecto al uso de las tarjetas, argumentó que los empleados le «suelen pedir favores» porque «no saben usar las tarjetas», y que ella accedía a extraer el dinero cuando se lo solicitaban y le entregaban sus claves, comparando la práctica con la de quienes entregan sus tarjetas a remiseros. Sobre los resúmenes bancarios de los denunciantes encontrados en su casa durante un allanamiento, afirmó que fueron dejados allí cuando estas personas fueron a pedirle explicaciones.
Contreras atribuyó la denuncia a una «maniobra política», alegando que los denunciantes comenzaron a trabajar con otros candidatos después de que ella les cortara los contratos y que la agredieron personalmente. Señaló que los problemas cesaron cuando su marido ganó las elecciones como delegado comunal.
Pese a los descargos de la imputada y el pedido de sobreseimiento de su defensa, el juez Cardozo rechazó los planteos y determinó que el Ministerio Público Fiscal había acreditado los hechos con el grado de probabilidad requerido. Tras casi cuatro años de diligencias, la causa fue elevada a juicio y remitida a la Sala Conclusional, a cargo del Dr. Gutiérrez. No obstante, a un año de esa decisión, el juicio oral aún no ha comenzado.
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