El Juez Bernardo Daniel Lerario Babot, del Centro Judicial Capital de Tucumán, firmó una orden judicial histórica que autorizó el allanamiento simultáneo de siete domicilios vinculados a una red que, según las pericias, opera bajo el comando del diputado nacional Carlos Cisneros, líder del sindicato La Bancaria y de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde hace 25 años.
La resolución judicial (Legajo S-077592/2025), a la que accedió en exclusiva el popular por eltucumano.com, constituye el primer acto jurisdiccional que documenta la existencia de una estructura de poder que conecta al máximo referente sindical con una presunta trama de fabricación de pruebas falsas en la causa por abuso sexual contra los futbolistas de Vélez Sarsfield.
Aunque el fallo identifica a Cisneros como «el de arriba» que daba órdenes para la operación, su domicilio no fue allanado. Los procedimientos, que se ejecutaron entre las 8 y las 19 horas de este martes con autorización expresa para el uso de la fuerza pública, se concentraron en las residencias de sus presuntos operadores.
Los siete allanamientos de la red
La orden detalló con precisión los siete objetivos:
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y 2. El estudio jurídico de Patricia Neme: Dos oficinas en Calle General Paz 576. Neme, abogada de la denunciante y asesora legal de La Bancaria, es acusada de instruir a testigos y eliminar mensajes de sus teléfonos durante reuniones.
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La casa de Milagros Castellote: Testigo clave que fue dada de alta como empleada en el Banco Macro el mismo día que declaró por primera vez contra los jugadores, en la misma sucursal donde trabaja el padre de la denunciante.
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El domicilio de Rosario Molina: En el country Marcos Paz de Yerba Buena. Según las pericias, recibió instrucciones de Neme sobre su testimonio, incluyendo un mensaje que decía «y que no te acuerdas de nada».
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La casa de la denunciante (MLP): En Calle Santiago al 600. Empleada de la Caja Popular de Ahorros y nieta de un ex juez federal, también imputado.
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La residencia de Federico Petraglia: En San Martín 2099. Identificado como «hombre de confianza» de Cisneros y empleado de La Bancaria. Las pericias lo ubican en el Hotel Hilton 48 horas antes de la denuncia, solicitando cámaras de seguridad y hablando con mucamas.
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La casa del periodista Santiago Sheriff: En Córdoba al 1400, Yerba Buena. Su inclusión sugiere un brazo mediático para la presunta red.
«El de arriba»: las conversaciones que exponen la trama
El corazón de la orden judicial son las conversaciones recuperadas con tecnología forense israelí (UFED) de los teléfonos de Castellote y Molina, que el juez reproduce textualmente. La cronología de los chats revela la operación:
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12 de marzo de 2024: Se evidencia que «Carlos» (Cisneros) logró cambiar la fiscalía que investigaba el caso.
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14 de marzo de 2024: La denunciante y su padre, borran «todo» de sus teléfonos por miedo a que «lo pinchen».
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21 de marzo de 2024: Tras el arresto de los futbolistas, un chat revela que los abogados Neme y Venditti iban a «hacer pingo» (atacar) a la jueza Karina Eliana Gómez Moreira por «órdenes de arriba». El fallo identifica a «el de arriba» como Cisneros, por ser la máxima autoridad de La Bancaria, ente donde trabajan todos los implicados.
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8 de abril de 2024: Las pericias documentan que Patricia Neme eliminó mensajes de los teléfonos de testigos durante una reunión.
La dimensión institucional del caso
La investigación adquiere una gravedad extraordinaria al involucrar a figuras clave del poder:
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El rol del padre de la joven: El padre de la denunciante, hijo de un ex magistrado federal y actual asesor del Banco Macro, no solo aparece borrando evidencia, sino que su sucursal bancaria es donde la testigo Castellote recibió un empleo el día de su declaración.
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El sindicato como estructura: La orden judicial establece conexiones directas que señalan a La Bancaria como el eje operativo. Todos los actores principales –la denunciante, los abogados, los testigos retribuidos y el operador de campo– están vinculados laboral o profesionalmente con el sindicato que Cisneros dirige.
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Ataque al Poder Judicial: La expresión «hacer pingo» dirigida a una jueza en ejercicio, y atribuida a órdenes de un diputado, configura delitos graves como intimidación a magistrados y obstrucción a la justicia.
El juez fundamentó la constitucionalidad de los allanamientos, autorizó el secuestro de «todos los teléfonos» encontrados para someterlos a nuevas pericias y notificó al Colegio de Abogados de Tucumán para que actuara como veedor durante el registro del estudio de Neme, en un esfuerzo por garantizar transparencia.
La contracara: la denuncia de Cisneros contra «Pirincho» Jiménez
Frente al silencio de medios afines como La Gaceta, el diputado Carlos Cisneros utilizó sus propios canales, los portales Contexto y Enterate, para publicar un descargo. En él, no solo negó las acusaciones, sino que lanzó una contraofensiva, acusando al fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez de ser el verdadero artífice de una «asociación ilícita».
Cisneros afirmó que la denuncia en su contra era «absurda» y estaba «armada para desviar el foco» de la causa por la violación a la trabajadora bancaria. En su relato, la verdadera estructura criminal no está en su sindicato, sino en «los despachos donde fiscales ordenados por Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez arman y frenan causas según les convenga». Acusó a esta supuesta estructura de llevar «décadas en los mismos sillones, armada por el poder político de [José] Alperovich».
De este modo, el diputado buscó invertir los términos de la acusación judicial, presentándose como una víctima de una maquinaria judicial corrupta y al mismo tiempo como un luchador que «denuncia lo que nadie se anima a denunciar».
Un punto de inflexión
La orden del juez Lerario Babot marca un hito al ser la primera vez que un magistrado provincial fundamenta una acusación de esta magnitud contra un diputado en ejercicio usando exclusivamente evidencia forense digital. La tecnología UFED, capaz de recuperar mensajes borrados, fue clave para destruir la impunidad de lo que los implicados creían conversaciones desaparecidas.
Si la investigación prospera, las consecuencias serías sísmicas: un eventual desafuero y procesamiento de Cisneros, la posible intervención judicial de La Bancaria, y la exposición de una trama que, con inquietantes similitudes a las denunciadas por Susana Trimarco en el caso de su hija Marita, sugiere la existencia de un entramado de poder que ha operado por encima de la ley en Tucumán durante décadas.
De sindicalista combativo a magnate del poder en Tucumán
Carlos Aníbal Cisneros (62 años) es una figura omnipresente y polémica en el paisaje político y sindical de Tucumán. Su carrera, iniciada en el sindicalismo bancario, lo catapultó en 1995, durante el gobierno de Julio Miranda, a la titularidad de la poderosa Caja Popular de Ahorros, el ente que controla los juegos de azar en la provincia. Desde allí, y luego como Secretario de la Administración Nacional de La Bancaria y diputado nacional, construyó un poder que hoy se ve amenazado por la justicia.
Su trayectoria no ha estado exenta de escándalos y señalamientos. En el año 2000, fue vinculado por el entonces fiscal Ricardo Falú al incendio de una edición del diario La Gaceta, entonces crítico del gobierno de Miranda. Según Falú, el ataque fue ejecutado por un ex policía relacionado con Cisneros y con la familia Ale, barrabravas del club San Martín.
Años más tarde, su nombre volvió a resonar en un caso de altísima repercusión: Susana Trimarco, madre de Marita Verón, lo señaló directamente al afirmar que los Ale «tienen testaferros que son políticos, jueces… el ex gobernador Julio Miranda; ‘el Cabezón’ Guerrero… y Carlos Cisneros, que manejaba la Caja Popular de Ahorro».
Con la llegada de José Alperovich a la gobernación, Cisneros fue desplazado de la Caja e incluso fue objeto de una medida cautelar por supuestas amenazas a empleados de la entidad. Sin embargo, supo reconvertirse. Lejos de su imagen de sindicalista combativo, adoptó un perfil más «solidario», financiando programas de TV, construyendo un club de lujo y lanzando una ruidosa campaña contra la empresa de energía EDET, ofreciendo incluso asesoramiento legal gratuito a los usuarios.
Su poder mediático se consolidó a través de un ecosistema de medios afines, como el portal Contexto y el propio diario La Gaceta, que hoy se beneficia de su pauta publicitaria y que, significativamente, guardó silencio sobre los allanamientos. Desde su banca nacional, Cisneros ha sido un operador político clave, impulsando las candidaturas de Juan Manzur y Rossana Chahla.
Hoy, el mismo hombre acusado de planificar ataques a la prensa y señalado en redes de trata, se presenta como un paladín de los jubilados y las víctimas de abusos. La orden judicial del juez Lerario Babot pone ahora en jaque esa narrativa, exponiendo ante los tribunales la sombra que ha perseguido al poder de Carlos Cisneros durante más de un cuarto de siglo.