El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó por unanimidad más de 700 ordenanzas sancionadas durante la última dictadura cívico-militar, en un histórico paso hacia la modernización del marco legal municipal. La medida, que forma parte de la primera etapa de elaboración del Digesto Jurídico Municipal, busca eliminar normativas obsoletas y facilitar el acceso de los vecinos a una legislación clara y actualizada.
El proceso de depuración se centró en las ordenanzas promulgadas entre el 30 de marzo de 1976 y el 30 de noviembre de 1983, un período técnicamente delimitado ya que la dictadura reinició la numeración legal. De este bloque, el 72% de las normas fue declarado caduco o expresamente derogado. El presidente del Concejo, Fernando Juri, destacó la relevancia de la medida para la ciudadanía: «Esto representa un avance clave, ya que facilita el acceso a normas vigentes, actualizadas y claras». Para ilustrar la obsolescencia de algunas de estas leyes, Juri mencionó como ejemplo la existencia de ordenanzas que aún prohibían la circulación de carruajes por la calle 25 de Mayo.
La tarea fue llevada adelante por una comisión especial presidida por el concejal Gustavo Cobos (UCR), quien explicó el criterio de selección del período. El organismo anticipó que este trabajo de saneamiento legislativo continuará con las ordenanzas de otros períodos, con el objetivo final de contar con un digesto jurídico municipal completo.
Este movimiento en la capital tucumana se enmarca en una tendencia nacional de modernización administrativa. De manera coincidente, el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás también sesionó este jueves y sancionó la derogación de antiguas ordenanzas que habían creado fondos específicos hoy inoperantes, con el objetivo de optimizar los recursos municipales. Además, en la misma sesión nicoleña se declaró Personalidad Destacada a la deportista adaptada Vanesa Rubiola y se reconoció la labor del grupo de teatro “En Escena” por sus 25 años de trayectoria, demostrando cómo los cuerpos deliberativos locales avanzan simultáneamente en la actualización normativa y el reconocimiento social y cultural.