Gabriela Nahir Fernández, una reclusa que obtuvo su traslado a un pabellón femenino tras el reconocimiento legal de su cambio de género, fue acusada formalmente de violar a siete internas del Establecimiento Carcelario de Bouwer, en Córdoba, con el agravante de haber contagiado de sífilis a varias de sus víctimas. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, solicitó la elevación a juicio de la causa, que expone críticas debates sobre los protocolos de ubicación de personas trans en el sistema penitenciario.
La imputada, de 34 años, ingresó al sistema carcelario en octubre de 2016 bajo el nombre de Gabriel Fernández y fue condenada a tres años de prisión. Mientras cumplía su condena en una cárcel de hombres, manifestó ante la Justicia que se autopercibía mujer. En diciembre de 2018, tras obtener el reconocimiento de su identidad de género, fue transferida al módulo femenino de la cárcel de Bouwer. Según la acusación fiscal, fue en este pabellón donde, aprovechando su contextura física que le confería una posición dominante, perpetró los abusos.
Fernández enfrenta cargos como «probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave». La acusación se agrava en uno de los episodios, donde se la considera coautora de «abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos» por haber actuado junto a otras dos reclusas, Ingrid Roxana Florindo (42) y Rocío Belén Montoya (26), quienes también fueron imputadas. En otro hecho, se le atribuye el «uso de arma en grado de tentativa».
Este caso ha reavivado la polémica a nivel nacional sobre la aplicación de la ley de identidad de género en contextos de encierro. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se había referido previamente al hecho, señalando: «Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel. Es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito». En sintonía con esta postura, el Gobierno nacional emitió una resolución que impide los cambios de ubicación carcelaria cuando el autoreconocimiento de género ocurre con posterioridad a la condena, estableciendo que los condenados cumplan pena en establecimientos acordes al sexo con el que fueron sentenciados. Sin embargo, esta medida no es obligatoria para las provincias, y Córdoba no se ha adherido a ella, manteniendo la potestad última en manos de los jueces de ejecución penal.
Mientras se espera la fecha del juicio oral, Gabriela Nahir Fernández permanece recluida en un pabellón de aislamiento dentro del mismo penal de Bouwer. El caso no solo judicializa los graves delitos sexuales denunciados, sino que sitúa en el centro del debate público la compleja implementación de políticas de género en el sistema penitenciario y la seguridad de las personas privadas de libertad.
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