La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cargó duramente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a raíz del triple crimen de las jóvenes Brenda, Morena y Lara, ocurrido en Florencio Varela. En medio de la conmoción por el brutal asesinato, Bullrich aseguró que Kicillof debe «hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia», marcando una nueva escalada en la tensión política entre el gobierno nacional y la administración bonaerense.
Si bien la ministra afirmó que no tenía intención de «politizar este caso» ni de echarle «la culpa al gobernador», sus declaraciones fueron un directo cuestionamiento a la gestión de su par provincial, Javier Alonso. Bullrich criticó con dureza el comunicado emitido por la cartera de Seguridad bonaerense que, en las primeras etapas de la investigación, sugirió que el crimen era una «venganza narco» de una organización con base en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. «Mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”, sentenció.
La ministra también se refirió a las movilizaciones de organizaciones feministas bajo la consigna «Ni Una Menos», calificando de «banalización» el enfoque del debate en la perspectiva de género. «Banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta», afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre, argumentando que el narcotráfico «no se va a fijar a quién mata». En su visión, el problema de fondo es la «destrucción del tejido social» en la provincia y la operatividad de bandas criminales, por lo que cuestionó que la respuesta sean «marchas Ni una Menos».
Bullrich aprovechó para presentar datos que, según ella, ubican a la provincia de Buenos Aires como el distrito con «la tasa de femicidios más alta del país», con un aumento del 1,4% al 1,6% entre 2023 y este año. Mientras la investigación avanza con la indagatoria a los cuatro detenidos –Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González–, la ministra nacional puso a disposición las fuerzas federales y sugirió la posible aplicación de la Ley Anti-Mafias si se confirma el perfil narco de la organización responsable. Sin embargo, recalcó que la pesquisa principal sigue bajo la órbita bonaerense, al tiempo que planteó un interrogante crucial sobre cómo «una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad puede operar con normalidad» sin ser detectada, poniendo el foco en la efectividad de las investigaciones locales.