La concesionaria de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, Terminal del Tucumán S.A., podría reclamar al Gobierno provincial una indemnización de $ 2.600 millones, según surge de una pericia contable incorporada a uno de los expedientes judiciales que mantienen en litigio a las partes. Este conflicto se desarrolla en paralelo a la inminente finalización del contrato de concesión, prevista para el 27 de octubre, fecha en la que la empresa deberá entregar las llaves del predio, ya que el Estado decidió no renovar el vínculo y alista un llamado a licitación para una nueva concesión que exigirá una inversión mínima de 10 millones de dólares.
La disputa judicial no es nueva. La Provincia ya afronta una sentencia condenatoria firme en su contra en un primer expediente (824/06), por el cual fue obligada a pagar a la concesionaria una suma superior a los $ 150 millones. Dicho fallo, dictado en 2017 por los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez, condenó al Estado por no haber garantizado el ingreso obligatorio de los ómnibus a la terminal, lo que generó una merma en los ingresos por los «toques de andén» entre 1996 y 2010. La Provincia interpuso un recurso extraordinario federal contra esta decisión.
A poco de obtener ese fallo favorable, la concesionaria intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno. Mediante una nota, su directorio, presidido por Ariel Spector, ofreció prescindir de los reclamos judiciales a cambio de una extensión de la concesión, argumentando que era un acuerdo «beneficioso» para la Provincia al liberarla de obligaciones indemnizatorias. Sin embargo, desde Casa de Gobierno rechazaron la propuesta y notificaron formalmente a la empresa que no habría renovación.
Ante esta negativa, Terminal del Tucumán S.A. avanzó con un segundo planteo judicial (Expediente 655/22), similar al primero pero por un período distinto. La empresa alega que el Estado, dueño de la obra y beneficiario final de la explotación, abdicó de su obligación de controlar que las empresas de transporte cumplieran con ingresar a la terminal, tal como lo estableció el Decreto Nº 610-9SO del 3 de abril de 1995. El abogado de la firma, Adolfo López Vallejo, fundamentó que desatender este control es equivalente a no asegurar el pago de un peaje en una ruta concesionada.
Es en este segundo expediente, que se encuentra en etapa probatoria, donde obró la pericia contable del profesional Juan Pablo Bellagamba, designado por la parte actora. El informe calcula que, entre 2017 y 2024, la concesionaria debería haber recibido por toques de andén casi $ 5.100 millones, pero en la realidad sólo percibió $ 2.500 millones. La diferencia, que asciende a $ 2.606 millones, constituye el monto del nuevo reclamo indemnizatorio. Frente a esto, el abogado de Fiscalía de Estado, Aldo Cerutti, impugnó la pericia y solicitó al tribunal la suspensión de los plazos procesales. Ahora, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de María Florencia Casas, debe decidir si da por válido el informe pericial o lo rechaza, una resolución que será clave para el destino de la causa.
Mientras la justicia define el curso de este pleito millonario, el Gobierno de Osvaldo Jaldo avanza con el proceso de transición. El llamado a licitación para una nueva concesión prevé una inversión mínima de 10 millones de dólares por parte de la empresa adjudicataria para modernizar el predio. Aunque el proceso licitatorio probablemente se extienda más allá del 27 de octubre, la Provincia espera una transición ordenada que también involucre a los diversos comercios que operan dentro de la terminal, con los cuales la actual concesionaria mantiene vínculos contractuales.