Un caso que enfrenta la crítica ciudadana con la reacción de las autoridades pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre el derecho fundamental a la libre expresión y los límites del agravio, cuando las denuncias se sustentan en pruebas. Alan Paredes, un ciudadano estadounidense residente en Tucumán, viene ejerciendo este derecho al documentar con su teléfono lo que describió como un trato vejatorio por parte de empleados de Migraciones, quienes, según su relato, lo ningunearon por no ser tucumano y lo amenazaron con expulsarlo del país sin mediar explicación ni entregarle documentación que respaldara dicha advertencia. El conflicto, que llevó a una infructuosa llamada a la policía por parte de los funcionarios, fue el punto de partida de una serie de publicaciones en la red social Tik Tok donde, además del incidente, Paredes mostró con imágenes concretas diversos problemas de infraestructura en la ciudad capital.
La libertad de expresión, consagrada en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, encuentra su ejercicio en la acción de Paredes, quien no se limitó a una queja verbal sino que respaldó sus dichos con grabaciones del propio hecho en la oficina pública y, posteriormente, con un compilado de videos que evidencian calles rotas, falta de servicios básicos y basurales a cielo abierto en San Miguel de Tucumán. Este respaldo visual diferencia su denuncia de una mera especulación, al aportar elementos concretos que sustancian su crítica hacia la gestión municipal de la intendenta Rossana Chahla.
Frente a la viralización de estos contenidos, el gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció para expresar su solidaridad con la jefa comunal y repudiar los «agravios» recibidos en redes sociales. En una conferencia de prensa, el mandatario hizo hincapié en que la democracia permite elegir y ser elegido, pero no justifica el maltrato gratuito, e instó a que este tipo de situaciones sean investigadas por el Poder Judicial. «No se puede agraviar impunemente, ni a un intendente, ni a un gobernador, ni a un ciudadano común. Para eso está la Justicia», afirmó Jaldo, relatando experiencias personales similares que derivó en denuncias formales.
El episodio, por lo tanto, trasciende el caso particular y se instala en un debate más amplio: el derecho de todo ciudadano a criticar y fiscalizar a sus autoridades, siempre que sus señalamientos estén fundamentados, y la obligación de que dichas críticas se encuadren dentro del marco legal, evitando caer en agravios personales. Mientras las imágenes de los problemas urbanos circulan ampliamente, la situación pone a prueba los mecanismos institucionales para discernir entre la expresión legítima de un reclamo social y lo que las autoridades consideran un exceso punible.
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