El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este miércoles a la polémica suscitada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada y simultáneamente suspendida por el Poder Ejecutivo. En declaraciones a Radio Rivadavia, el ministro afirmó que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, pero insistió en que la responsabilidad de financiar la norma recae en el Legislativo. “Promulgamos la ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda mas remedio que promulgarla, pero falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento”, explicó.
Francos fundamentó la suspensión de la aplicación de la norma en la Ley 24.156, específicamente en su artículo 38, el cual establece que toda ley que autorice gastos debe contar con las partidas presupuestarias correspondientes. “Si no se hubiera suspendido, me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público”, argumentó, y añadió que “no basta con decir que el jefe de Gabinete reasignara partidas, porque no las hay”. En este sentido, recordó que la ley 24.829 es clara al establecer que una norma sin financiamiento queda suspendida automáticamente.
El titular de la Jefatura de Gabinete cuantificó el impacto económico de la ley, advirtiendo que su implementación requeriría unos 3 billones de pesos, recursos que afirmó no existen en el presupuesto actual. Señaló que, si bien hoy hay 1.300.000 pensiones por discapacidad, no existe certeza sobre cuántas solicitudes más podrían presentarse. “No sabemos si el día de mañana van a pedir 100.000, o un millón mas. Habrá que establecer de dónde salen los recursos”, indicó, reforzando su postura sobre la inviabilidad financiera inmediata.
Finalmente, Francos se refirió al clima político, atribuyendo las tensiones al actual proceso electoral que, en su visión, dificulta los acuerdos. No obstante, se mostró optimista respecto de la segunda mitad del gobierno de Javier Milei, anunciando que se harán “todos los esfuerzos necesarios” para avanzar en la reforma laboral y tributaria. “El Presidente designó un ministro del Interior para que se ocupe de esto, así que yo soy optimista. Hay que mirar para adelante y buscar acuerdos”, concluyó, proyectando una búsqueda de consensos para los próximos dos años.
