En una sesión tensa y cargada de implicancias políticas y económicas, el Senado de la Nación rechazó de manera contundente el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El debate, que se extendió por horas, enfrentó dos visiones irreconciliables: la del oficialismo, que defiende la retención de estos fondos como un pilar fundamental para el equilibrio fiscal, y la de una oposición unificada que acusa al Gobierno de estrangular financieramente a las provincias y de ejercer una discrecionalidad política con los recursos.
La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión que, tras superar el quórum, se centró en un tema que ha profundizado la grieta entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El bloque oficialista, a pesar de su minoría, fundamentó su postura en la necesidad de preservar la austeridad y la meta de déficit cero. El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de los senadores libertarios, Ezequiel Atauche, quien defendió el veto presidencial con argumentos económicos.
«La función de los ATN es hacerse cargo de emergencias de las provincias. Desarmar esta herramienta tiene el riesgo de que cuando suceda algo los fondos no estén«, argumentó el senador por Jujuy. Su intervención apuntó directamente a las consecuencias macroeconómicas que, según él, generan estas leyes: «Cada vez que estas leyes se aprueban, el riesgo país levanta y el dólar levanta«. Atauche tildó de «oportunismo político» la insistencia de la oposición y cuestionó: «¿Por qué no se quejaron antes?«.
Desde una perspectiva similar, aunque con un tono crítico hacia la historia de estos fondos, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) admitió una «gran hipocresía» en el sistema. «Durante años se usaron los ATN para disciplinar. Perón y Kirchner los han utilizado para someter y arrodillar a las provincias«, afirmó. Sin embargo, su voto se alineó con el Gobierno al abogar por una discusión más profunda y reglas claras, insinuando que la distribución automática en el contexto actual no es la solución. «Lo discrecional ha desordenado todo en la Argentina«, dijo, apoyando la postura de que el Ejecutivo debe mantener el control sobre estos recursos para garantizar la estabilidad.
Francisco Paoltroni, expulsado de La Libertad Avanza pero aún crítico de la oposición, advirtió sobre el costo de la pulseada. «Esta marcada de cancha que le hacen los gobernadores al Presidente es autodestructiva. Lo pagamos todos: se te dispara el dólar, el riesgo país«, sostuvo, pidiendo consenso para no generar más inestabilidad.
Frente a la postura oficial, la oposición presentó un frente unido, argumentando que el veto no busca el equilibrio fiscal sino maquillarlo a costa de las provincias.
El senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) fue contundente: «El Gobierno nacional está usando la discrecionalidad para no dar la plata… se los queda para disimular un equilibrio fiscal«. Reveló que su provincia no ha recibido «cero pesos» en ATN durante esta gestión, acusando al Gobierno de distribuir los fondos según afinidad política.
El peronista Guillermo Andrada (Catamarca) fue aún más lejos, calificando la retención de fondos como un «robo» y acusando al Gobierno de actuar como un «filibustero financiero» que se lleva los recursos provinciales. «Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal«, sentenció.
La senadora Nora Giménez (Salta) resumió el sentir del interior: «No podemos convalidar un modelo económico que margina a las provincias, debilita la infraestructura del interior y desfinancia sectores estratégicos«.
El debate dejó en evidencia la profundización de la crisis política. Senadores como Beatriz Ávila (Tucumán) señalaron la falta de comunicación del Presidente hasta con su propia vicepresidenta como síntoma de una gestión quebrada. «Había un clima de consenso que hoy está quebrado y no por nosotros«, afirmó.
La votación final, que ratificó la ley con amplia mayoría, fue un nuevo revés legislativo para el Gobierno y un mensaje claro de los gobernadores a través de sus representantes. El conflicto por los ATN trascendió la mera disputa por recursos y se instaló como la pulseada emblemática entre un Ejecutivo que prioriza el resultado fiscal a toda costa y un poder legislativo y provincial que exige que el ajuste no se haga solo sobre sus espaldas.
El rechazo al veto marca un rumbo: el Congreso está dispuesto a insistir en leyes que, a su juicio, protegen el federalismo, aún a riesgo de que el Gobierno las considere un peligro para la estabilidad económica que pregona.
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