La dolorosa historia del médico Pablo Ghisoni, quien pasó tres años en prisión por una acusación de abuso sexual que luego se demostró falsa, reavivó un debate nacional de enorme complejidad. Su caso, expuesto por su hijo Tomás, ilustra el daño irreparable que una acusación infundada puede causar en una familia. Este tema, que divide aguas en la Argentina, tiene un eco particular en Tucumán, donde las voces de las víctimas de falsas acusaciones se alzan con fuerza y la legislatura local ya analiza proyectos para abordar la problemática.
El núcleo del debate se centra en dos proyectos de ley en el Congreso Nacional. Uno, impulsado por la senadora radical Carolina Losada, y otro por la diputada Lilia Lemoine (LLA), buscan agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, específicamente en casos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o que involucren a menores de edad.
Sin embargo, este impulso legislativo choca frontalmente con una cruda realidad estadística. Lejos de la percepción de una epidemia de mentiras, los números oficiales pintan un panorama distinto. En Argentina, se estima que de cada 1000 abusos sexuales infantiles cometidos, sólo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Según las últimas cifras disponibles del Ministerio Público Fiscal, de esas denuncias, sólo entre 2 y 3 son deliberadamente falsas. La mitad de todas las denuncias por este delito se archivan sin siquiera tomar medidas de prueba, una cifra que se eleva al 60% si la víctima es menor de cinco años.
La psiquiatra forense Virginia Berlinerblau, quien estudió más de 120 expedientes, aclara esta confusión: «Hay una confusión entre denuncias falsas y denuncias que no pudieron ser fundadas». Su investigación encontró que un 3.8% de los casos fueron falsos, un porcentaje que se duplica hasta aroundo el 6% en contextos de divorcios conflictivos, pero que sigue siendo minoritario.
Este debate no es ajeno a Tucumán. Recientemente, el Colegio de Abogados de la Capital Federal fue sede de unas jornadas federales donde legisladores nacionales y víctimas de acusaciones infundadas compartieron sus experiencias. La senadora Losada, autora de uno de los proyectos, destacó el coraje de quienes hablan: «En Tucumán volvimos a escuchar historias durísimas. Cada encuentro nos muestra el dolor que dejan las falsas denuncias». En la misma línea, el senador Juan Carlos Pagotto alertó sobre el «abuso de la prisión preventiva» y criticó que «con una simple denuncia se produce una detención».
La provincia no se queda atrás en la búsqueda de soluciones. En la Legislatura tucumana ya existen iniciativas presentadas sobre esta problemática, impulsadas por el legislador José Macome y la ex parlamentaria Nadima Pecci, y en agosto pasado se realizó una jornada específica en la Cámara para debatir el tema.
El desafío, entonces, es mayúsculo. Mientras algunas voces piden leyes más duras para disuadir las acusaciones malintencionadas, expertos y organizaciones argumentan que este camino podría silenciar aún más a las miles de víctimas reales que ya enfrentan un sistema judicial que, en la inmensa mayoría de los casos, no les brinda justicia. Tucumán, con sus proyectos y debates, se ha convertido en un fiel reflejo de esta encrucijada nacional que la Justicia aún no logra resolver.