Un nuevo caso de tortura y muerte en una comisaría de Tucumán expone el accionar violento e irregular de la fuerza policial, sumándose a las reiteradas denuncias por detenciones arbitrarias y abusos en operativos como el polémico «trencito».
En la comisaría de Los Pocitos, un detenido, Víctor Hugo Herrera (39), murió tras ser brutalmente torturado durante cuatro horas por otros presos. Aunque tres internos fueron imputados, la investigación apunta también a la responsabilidad policial: ¿cómo permitieron que ocurriera esta barbarie bajo su custodia?
El fiscal Carlos Sale indaga cómo los agresores accedieron a psicofármacos dentro de la celda y por qué los efectivos ignoraron los gritos de la víctima. Según testigos, Herrera fue marcado con un tatuaje denigrante, quemado con un lanzallamas casero, golpeado y electrocutado con un cable pelado. La jueza Elizabeth Raddi calificó el hecho de «gravísimo», pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿hasta qué punto la Policía de Tucumán avala o encubre estas prácticas?
El patrón de la impunidad
Este crimen no es un caso aislado. Es parte de un sistema que opera con total desprecio por los derechos fundamentales:
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Complicidad policial: Los querellantes denuncian que los testimonios fueron tomados por los mismos efectivos sospechados de encubrimiento. Además, la celda estaba frente a la guardia, lo que hace inexplicable que nadie «notara» la tortura.
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Abuso de autoridad en operativos: El «trencito» —una práctica difusa y violenta— ha dejado múltiples denuncias. Recientemente, un joven fue detenido sin motivo en El Bajo, requisado ilegalmente y obligado a firmar un acta falsa. Los agentes incluso justificaron su accionar con la frase: «Son órdenes de Jaldo».
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Detenciones arbitrarias: Vecinos de Villa Alem y Tafí Viejo denuncian allanamientos violentos sin orden judicial, golpizas y retenciones ilegales. En un caso emblemático, Santino Mena y su familia fueron agredidos por policías que irrumpieron en su hogar de madrugada.
La doble responsabilidad: crimen y omisión
Mientras los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado, las autoridades evitan señalar a los verdaderos facilitadores: los policías que permitieron las torturas, no vigilaron la celda y, según testimonios, habrían tolerado el ingreso de drogas.
La auxiliar fiscal Luz Becerra admitió que los testigos callaron inicialmente por «miedo o código carcelario», un silencio que refleja la cultura de terror instaurada en las comisarías tucumanas.
Exigencias clave:
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Investigación independiente sobre el rol de los efectivos de Los Pocitos.
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Fin inmediato del operativo «trencito», declarado ilegal por múltiples organismos de derechos humanos.
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Sanciones ejemplares para los responsables, incluidos mandos superiores.
Mientras el gobierno provincial guarda silencio, las víctimas y sus familias esperan justicia. Pero en Tucumán, la justicia parece ser otro privilegio que la Policía se niega a garantizar.