La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del exdiputado nacional José Fernando Orellana —actual legislador provincial— y dejó firme su condena a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una secretaria. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la apelación no cumplía con los requisitos formales.
Orellana, quien integra el bloque oficialista en la Legislatura provincial, deberá abandonar su cargo al haberse confirmado tanto la condena como la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Este caso remite inexorablemente al del ex gobernador José Alperovich, quien se encuentra en prisión por haber violado a su sobrina.
Los antecedentes de la condena
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, a cargo del juez Federico Salvá, lo había sentenciado por el delito de abuso sexual simple, en línea con lo solicitado por el fiscal Sandro Abraldes. Además de la pena de tres años, se impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y la extracción obligatoria del perfil genético de Orellana para incorporarlo al Banco de Datos Genéticos, conforme a la Ley 26.879.
El caso
El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en un anexo de la Cámara de Diputados. La víctima, secretaria de una legisladora, ingresó al despacho de Orellana, quien la abordó con frases como «necesitaba alguien que la quiera», la abrazó y la besó en la oreja izquierda, agregando: «seguramente nadie te besó así, ¿no?».
Inicialmente, en 2018, se había dictado la falta de mérito, pero tras una apelación de la Fiscalía y la UFEM, la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y procesó a Orellana, llevando el caso a juicio oral.
Los argumentos de la acusación
El fiscal Abraldes destacó la consistencia del testimonio de la víctima, respaldado por declaraciones a cinco personas, filmaciones y un informe de la DOVIC que detallaba su estado psicofísico. Sostuvo que Orellana aprovechó su posición jerárquica para intimidarla, generando una «asimetría» que facilitó el abuso.
Además, criticó la respuesta de la Cámara de Diputados, que solo trasladó el despacho del acusado sin brindar contención institucional a la afectada. Subrayó que el exdiputado violó la ley de ética pública y normas internacionales como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Con esta confirmación, se cierra un proceso judicial que se extendió por años y refuerza la condena social y legal contra el acusado.
El caso Alperovich
En un contexto similar, otro caso que conmocionó a la clase política argentina fue el del exgobernador José Alperovich, condenado en 2023 a dieciséis años de prisión efectiva por abusos sexuales agravados contra su sobrina política. El fallo, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de Buenos Aires, no solo significó un duro golpe para el otrora poderoso dirigente sino que marcó un precedente en la lucha contra la impunidad de los delitos de género cometidos por figuras públicas.
Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Alperovich había violado en múltiples oportunidades a la joven, aprovechando su posición de poder y la relación de confianza familiar. A diferencia de Orellana, quien recibió una pena en suspenso, al exmandatario tucumano le esperan años tras las rejas, aunque actualmente cumple arresto domiciliario por problemas de salud. La Cámara de Casación confirmó la condena en noviembre de 2023, cerrando así un capítulo oscuro en la política argentina pero enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de delitos.
Estos dos casos, aunque diferentes en su gravedad y en las penas impuestas, exponen un patrón común: el abuso de poder y la vulnerabilidad de las víctimas en ámbitos donde deberían sentirse protegidas. Mientras Orellana deberá enfrentar las consecuencias políticas y sociales de su condena, Alperovich vive sus días en prisión, lejos de la vida pública que alguna vez dominó. Ambos procesos judiciales representan pequeñas victorias en la larga batalla por erradicar la violencia de género, especialmente cuando proviene de quienes ocupan posiciones de privilegio.