El fiscal de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad, Carlos Saltor, se refirió a las investigaciones realizadas en torno al delito de intimidación pública que sufrieron los distintos organismos de nuestra provincia.
«Por decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, se creó esta Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad para atender este fenómeno y otros que surgen a través del empleo de la tecnología. El trabajo fue muy fuerte y hemos logrado resultados muy positivos. La Fiscalía se organizó a través de una mirada interdisciplinaria con equipos integrados por abogados especialistas en delitos telemáticos, en redes abiertas, en sistemas de información y en telecomunicaciones”, destacó Saltor sobre la decisión asumida por el jefe de los fiscales, y describió los aportes que recibió el MPF por parte de entidades locales e internacionales. “En el caso local, nos contactamos con el ENACOM y las empresas prestatarias de telefonía cuando las amenazas provenían de llamadas (a través de números fijos y móviles). De esta manera, solicitamos (mediante oficios) la sábana de llamadas y a partir del número pudimos localizar al prestador y llegar directamente al titular de la línea para dar con su domicilio. Con Google hemos trabajado cuando las amenazas provenían de un correo electrónico, por whatsapp o similares, y en ese sentido fue excelente la colaboración. Hemos articulado con la Embajada de EE.UU para que nos faciliten esos canales y con Interpol cuando teníamos que llegar a algún país (donde el secreto de la información era más fuerte)”, detalló.
Especialización y recursos humanos
El Fiscal mencionó que el proceso de individualización de los responsables de las amenazas se tornó complejo. “La línea de acción del MPF es la vocación de servicio y de estar para ayudar a la gente cuando no saben a quién recurrir. Y en el caso de las amenazas de bomba fue una decisión absolutamente fuerte del Ministro Fiscal de atacar este delito. La complejidad está en llegar al autor del hecho, pero con la especialización y los recursos humanos pudimos determinar con precisión al responsable del delito y acceder a los dispositivos que utilizaron (a través de software y hardware). Todo esto nos sirvió para contar con evidencias muy completas (en las audiencias de formalización de cargos) y proceder a un eventual juicio oral o abreviado”, aseguró Saltor, quien dio su reflexión final.
Ni juego, ni chiste
“Esto no es un juego ni un chiste, es algo muy delicado no sólo por todos los recursos del Estado que se movilizan detrás de una amenaza, sino que hay pensar en las consecuencias psicológicas. Por ejemplo, en una escuela primaria los menores lo viven como un peligro real para sus vidas. La amenaza de bomba encuadra en el tipo penal de la intimidación pública, artículo 211, y tiene una pena en abstracto que va de los dos años de mínimo hasta los seis años de máximo. Es decir que con los agravantes muy probamente terminen con una prisión de cumplimiento efectivo”, concluyó.
