Una falsa abogada, de 27 años, deberá resarcir económicamente ($300.000) a los damnificados por su accionar. Por pedido de la defensa, el Ministerio Público Fiscal dio conformidad al dictamen para la suspensión de juicio a prueba (probation) como salida alternativa a favor de la imputada (por los delitos de estafa y usurpación de título en concurso real). Asimismo, se dispuso que la estudiante, domiciliada en la localidad de San Andrés (departamento Cruz Alta), realice tareas comunitarias (seis horas por semana durante el plazo de un año) y la prohibición de acercamiento a las víctimas.
Por delegaciones del titular de la Unidad Especializada de Atentados contra las Personas I del MPF, Diego Hevia, el auxiliar de fiscal, Fernando Isa, relató los hechos atribuidos (ocurridos desde septiembre de 2020 hasta noviembre de 2022). “Ejerció actos propios de la profesión sin contar con la autorización correspondiente”, afirmó Isa. En el primer hecho, cobró el monto de $40.000 en concepto de honorarios profesionales donde incluso realizó una presentación en el portal SAE (iniciando la preinscripción impositiva). En el segundo hecho le fue abonada la suma de $50.000 donde le manifestó a la víctima la realización de presentaciones por una demanda por divorcio.
En el último hecho, recibió documentación y tuvo contactos para tramitar la guarda de una menor ante los juzgados provinciales y trámites de Anses, durante tal lapso cobró $10.000.
«La investigación inicia con la remisión de las actuaciones originada por Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en donde ponen en conocimiento una serie de irregularidades que venían detectando en cuanto a impresiones apócrifas de células digitales de notificación», indicó el investigador al referirse a las evidencias reunidas, entre ellas, el informe vecinal en el cual los vecinos comentaron que la conocían y que se desempeñaba como “abogada” e incluso como integrante de la fuerza policial (en el servicio penitenciario) pero que nunca la habían visto con uniforme. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar a lo solicitado por las partes.