Uno de los sospechosos por las amenazas de bomba en la Caja Popular de Ahorros el pasado 4 de septiembre pasadas las 7 de la mañana, detenido hace dos días, fue imputado por el delito de intimidación pública en calidad de autor.
La acusación en su contra sostiene que el hombre tuvo «intenciones de causar temor público» y por ello se comunicó de forma anónima a través de la línea a su nombre con el Servicio de Emergencias 911 para manifestar que en la Caja Popular de Ahorros, esquina norte de San Miguel de Tucumán, habría un artefacto explosivo.
Al consultarle por su nombre, el hombre cortó la llamada y generó temor. Ante esto, debió intervenir personal policial y bomberos para proceder a la evacuación del lugar. Esto provocó «tumulto y caos en el tránsito mientras se realizaba el protocolo correspondiente».
La Justicia, además, dictó la prisión preventiva por los próximos siete días y una medida cautelar civil por el monto de 3 millones de pesos, en una causa en la que trabaja en el caso la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Dentro de las 48 horas que prevé el Código Procesal Penal, el MPF imputó al sospechoso. En la audiencia de formulación de cargos Mariana Rivadeneira, fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, lo imputó por el delito de intimidación pública en calidad de autor.
“Por la conmoción social y el bien jurídico protegido podemos suponer que puede ser de cumplimiento efectivo (la pena). Asimismo, se vienen pidiendo medidas por el daño patrimonial y la puesta en funcionamiento de estos procedimientos donde se solicitan cautelares por el importe de $3.000.000”, manifestó Rivadeneira en su declaración.