Esta mañana se produjo una movilización docente en la Plaza Independencia para reclamar por un incremento salarial luego de que el Frente Amplio Docente -integrado por la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Unión Docentes Tucumanos (UDT) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Tucumán– rechazara la propuesta del Gobierno. Además, durante todo el día se lleva adelante un paro en toda la provincia.
Por el paro y la movilización ante la falta de acuerdo en las paritarias docentes, la Minsitra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, atacó a los docentes y afirmó que «habrá consecuencias» por el paro. «Este paro lamentablemente es un paro totalmente ilegal que va a tener consecuencias, va a tener sus sanciones, va a tener su descuento, como les fue advertido», dijo la ministra en una entrevista con La Gaceta.
Al respecto, las sanciones quedaron explícitas mediante la Circular 10/2023, que establece: «la adhesión a la medida de fuerza mediante la no concurrencia a los establecimientos educativos por parte del personal durante los días 9 y 10 de agosto del corriente será considerada inasistencia injustificada, y dará lugar a los descuentos y sanciones previstas reglamentariamente».
Vargas Aignasse se amparó en la ley para respaldar su reclamo al cuerpo docente que se adhirió a la medida de fuerza. «El dictado (de la conciliación obligatoria) se hace en el marco de una ley que lo establece; como su nombre lo indica, es una conciliación de carácter obligatorio, no es una conciliación donde la entidad gremial o nosotros decidimos acatar o no acatar, hay una ley nacional», indicó.
«Fue notificada de manera fehaciente. La notificación funciona de la misma manera que una notificación judicial: fue el oficial notificador, dejó fijada la cédula. Esto es indiscutible desde el punto de vista legal; se ha dictado la conciliación, han sido notificados», agregó, respecto de los argumentos que circularon de un dirigente de ATEP que aseguraba no haber sido advertido.
