Pese a las intenciones de Sergio Massa de lograr un rápido acuerdo con el Fondo Monetario, para conseguir los desembolsos y lograr estabilidad hasta las PASO, en el ente financiero se mantienen rígidos en su posturas y todavía no hubo pacto.
El organismo se limitó a informar oficialmente que continúa discutiendo con funcionarios argentinos cómo mejorar las reservas y la sostenbilidad fiscal. “Nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo», indicó.
Señaló que «las discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal». «Continuaremos comunicándonos sobre el progreso de estas discusiones», señaló el FMI.
Sin embargo, trascendió que Massa, lanzará un nuevo dólar más alto para el agro, encarecerá con un nuevo impuesto las importaciones, al tiempo que mantendría la meta fiscal en torno al 2%, 0,1 puntos mayor a la del acuerdo original. La intención oficial es enviar señales al mercado de que buscará acumular reservas -para evitar un salto cambiario en elecciones- y mantener cierto “orden fiscal” en las cuentas públicas.
Las medidas serían anunciadas en las próximas horas a través de la Aduana, la AFIP, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Agricultura. Massa, dicen, estaría impedido de hacer la presentación por la veda electoral.
Fuentes del Palacio de Hacienda dijeron que habrá un nuevo valor para el llamado dólar agro para las economías regionales, el girasol y el sorgo. “Serían US$2000 millones al 31 de julio”, informaron. Para la soja, en tanto, habría que esperar, quizás, hasta agosto. Economía no dio el nuevo valor. El actual es de $300 hasta el 31 de agosto. En el mercado estiman que ese precio podría verse incrementado en un 15%. No fue confirmado oficialmente.
El dólar agro no sólo llevaría dólares para las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA), sino que sumaría más impuestos vía retenciones, una variable que se desplomó por el impacto de la sequía de este año. En ese sentido, pese a que los números fiscales del Gobierno -que incumplió casi todas las metas con el FMI en el primer y segundo trimestre- serían difíciles de acomodar con una baja real de la recaudación y un proceso electoral, la meta fiscal con el Fondo se mantendría en 2% del PBI. Se trata sólo de una décima más que la prevista en el programa original con el organismo (1,9%).