Tucumán y Córdoba son dos de las provincias que eligieron a un nuevo gobernador en las últimas semanas. Osvaldo Jaldo y Martín Llaryora se consagraron respectivamente como los flamantes mandatarios de ambas provincias.
Entre los dos distritos se pueden enumerar algunas similitudes como que ganó el oficialismo o que el peronismo gana sistemáticamente desde hace décadas. Pero la más importante (y peligrosa) es la que denunciaron los opositores este año: el intercambio de droga por un voto.
El oficialismo «repartía colchones, subsidios, plata, a los discapacitados un bono de 150.000 pesos», enumeraba Luis Juez -candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC)- en una entrevista con La Nación +. En ese momento se detuvo, tomó aire y dijo: «escuchá esto, Pablo (Rossi)», como para hacer énfasis en lo que estaba por decir y que no quedara como una cosa más que «repartían». Y siguió: «¡droga!».
«¿Cómo droga?», preguntó el periodista Eduardo Feinman. «¡Droga!», repitió el diputado con mayor energía. «No estoy buscando un justificativo, Eduardo. Pero estos tipos no tienen límite», declaró, alarmando a la sociedad sobre lo que pasa en Córdoba.
La misma situación había advertido el diputado tucumano Roberto Sánchez, también candidato a gobernador por JxC, sobre la misma práctica de campaña sucia que lleva adelante el PJ en la provincia. Lo de Sánchez no quedó sólo en una denuncia en los medios, sino que se ratificó ante la Justicia a través de la representante de la Coalición Cívica, Sandra Manzone.
La presentación que hizo la oposición en Tucumán, además, llevó la firma del referente radical José Cano y tiene por objetivo investigar la supuesta compra de votos a cambio de droga.
