Si hay algo que sobra en Tucumán es pesimismo. Un puñado de dirigentes se ha apropiado del aparato estatal desde hace ya varios años, y avanzado sobre todos los sectores hasta someterlos definitivamente a sus ansias económicas y de poder.
Así vemos cómo la provincia camina hacia una nueva elección de gobernador sin nuevos nombres en un oficialismo que ha destrozado la institucionalidad, condición sine quanon para que para la supervivencia digna y la libertad de los ciudadanos.
Hace no mucho tiempo en esta provincia de poca memoria escuchamos todos cómo el actual Presidente de la Suprema Corte de la Provincia, Daniel Leiva, presionó a un magistrado para utilizar a la Justicia como instrumento para someter voluntades.
Lo grave de ese episodio fue que, pese a que cualquier tucumano pudo ser testigo a través del escandaloso audio, la Justicia no admitió las pruebas y, no sólo no hubo sanción, sino que el ejecutor fue premiado con el máximo cargo en la institución y una de las personas más involucradas, indirectamente, terminó gobernando la provincia: Osvaldo Jaldo.
Ahora los tucumanos asistimos a un nuevo escándalo político-judicial, que ha sido noticia durante los últimos año sin que los demandados hayan, siquiera, mostrado voluntad de cumplir lo que manda la ley.
Este es el caso de la actual diputada Rossana Chahla, a quien el oficialismo impulsa como candidata a la intendencia de San Miguel de Tucumán, quien ha usado toda su influencia para evitar cumplir con lo que ha decidido el juez.
El escándalo que repercutió en importantes medios nacionales, como Infobae, la agencia Noticias Argentinas o el sitio de Telefé, ya no sorprende a los tucumanos acostumbrados de los abusos del poder político.
El caso
Esta vez, Chahla volvió a rechazar el resultado del ADN para determinar si su padre, el empresario fallecido Elías Chahla, había tenido un hijo extramatrimonial, porque dio 99,8% de exactitud en lugar de 99,9%, según el perito de parte que ella contrató.
La herencia que dejó Chahla se estima en US$40 millones y la disputa judicial que inició Ángel Eduardo Páez, de 57 años, por medio de la representación legal del abogado Mariano Peralta, ya lleva más de 20 años.
El letrado explicó que Rossana y María Emilia Chahla, la primera de ellas ex ministra de Salud de Tucumán, actual diputada nacional y precandidata a intendenta de la capital provincial, «impugnaron el examen de ADN y el lunes 6 de marzo se llevará a cabo una audiencia» para definir esta situación.
El fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones determinó que con este resultado de 99,88 por ciento de exactitud Páez es hijo del empresario fallecido.
Según el informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, «el análisis estadístico efectuado utilizando los 23 marcadores de ADN autosómicos analizados permite calcular una probabilidad de relación biológica de 99,88 por ciento».
«El valor del Índice de Relación Biológica obtenido implica que es ochocientas sesenta y siete veces más probable el hallazgo de los perfiles genéticos obtenidos, si el padre biológico, de María Emilia y Rossana Elena Chahla es también el padre biológico de Ángel Eduardo Páez», agregó el documento.
Sin embargo, las hermanas Chahla se aferraron a la posición del bioquímico Gustavo Penasino, su perito de parte, quien argumentó que ese porcentaje no es concluyente, sino que tiene que ser el 99,99 por ciento.
El abogado de Páez consideró que este escrito «estiraría por unos meses el proceso y la posibilidad de que ambas mujeres no le repartan los millones de la herencia a Ángel Páez desde hace una década», gracias también, a sus «influencias en la Justicia».
Durante el pleito judicial, quienes habrían frenado todo, según allegados a Páez, fueron las hijas del comerciante, pero luego la ex funcionaria había accedido a someterse al examen de ADN y evitar así la exhumación del cuerpo de su padre.
«El acto de exhumación se había postergado en dos oportunidades porque, al parecer no estaban dadas las condiciones de las instalaciones del Cementerio del Oeste, algo que generó muchas suspicacias, luego de tanto trajinar Páez con pedidos en la Justicia que no llegaban a buen puerto», remarcaron fuentes vinculadas a la demanda.
El hombre se había hecho un examen de ADN con un primo de esa familia y dio positivo, por lo que la Justicia tucumana dispuso que se exhume el cuerpo del comerciante.
Ese análisis se iba a llevar a cabo el jueves 8 de septiembre de 2022, pero fue postergado primero hasta el martes 13 de septiembre por un pedido del Laboratorio de Genética y luego por otros motivos sin fecha, hasta que las partes tomaron esta determinación.