La Secretaría de Comercio Interior le impuso una multa millonaria a una fábrica de harina por haber subido el precio de su producto.
La empresa multada es Molinos Cañuelas y el monto fue de $150 millones. El justificativo del Gobierno es que la empresa ejecutó una «práctica concertada» con cámaras empresarias del sector para fijar el precio de la harina.
La multa también se extendió, con otros $150 millones, a la Federación Argentina de la Industria Molinera; con $93 millones a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.
Ahora, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) anticipó que recurrirá a la Justicia y emitió un comunicado diciendo que la entidad fue «condenada a abonar una multa exorbitante e infundada, en virtud de una resolución que es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió».
«Estamos convencidos que, mas allá de la ilegalidad de la decisión, esa resolución responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar», enfatizaron.