Después de que la periodista de Tucumán, Irene Benito, fuera citada a declarar como imputada en una causa penal que inició un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial (Alfredo Falú) por el gobernador con licencia y hoy jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación.
A través de un comunicado, FOPEA reaccionó por la nueva escalada del acoso judicial al que está siendo sometida la periodista de La Gaceta. «Es la primera vez que una periodista es objeto de una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia. Benito presenta una doble vulnerabilidad: a su condición de mujer se suma su pertenencia a una minoría sexual», manifiestan en el escrito.
Y agrega: «Esta campaña de desprestigio con connotaciones extorsivas comenzó en 2015 y fue agravándose con el tiempo. En aquel año, Benito publicó con otros dos compañeros un libro de investigación sobre Manzur». Asimismo, FOPEA advierte acerca de las posibles responsabilidades que pueda generar esta citación a indagatoria, que se da en un contexto de cambio de autoridades de la Corte Suprema local, que ahora es presidida por un exfuncionario de Manzur, Daniel Leiva.
«La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder. En un sistema democrático, el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente», remarcan en el documento.
En atención a estos hechos, FOPEA solicita a los poderes del Estado que garanticen a los periodistas y a la sociedad el ejercicio pleno de los derechos y libertades constitucionales. Para finalizar, FOPEA considera que el acoso judicial sufrido por Benito compromete la potencial responsabilidad del Estado argentino por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.