En medio del tembladeral político en el seno del Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, remitirá en las próximas horas al Congreso el proyecto de Presupuesto para el 2022, decisión que tomó luego de un llamado formulado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para aclararle que no había pedido su renuncia.
En una jornada de máxima tensión, con rumores cruzados de todo tipo, todo quedó relativizado dentro del Gobierno y también se había mantenido en duda el envío al Parlamento del Presupuesto para el año próximo.
La titular del Senado se comunicó telefónicamente con Guzmán para decirle que no pidió su renuncia al cargo, tal como indicaban las versiones que circularon durante toda la jornada.
Luego de ese llamado, el jefe del Palacio de Hacienda resolvió remitir el proyecto al Congreso, que se presume podría ingresar en las próximas horas en la Mesa de Entradas del Parlamento.
En ese contexto, lo que por ahora quedó en estudio es el paquete de medidas que este jueves pretendía anunciar el presidente Alberto Fernández para apoyar a los sectores de menores recursos, como reacción al resultado electoral del domingo.
Durante el mediodía, en un acto para presentar la ley de hidrocarburos, el jefe de Estado había confirmado el envío de la iniciativa que siempre se presenta a mitad de septiembre, pero la profundización de la crisis había puesto en duda la remisión.
«Presentamos el presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos, pero en realidad eso exige seguir adelante una negociación con el Fondo, conseguirla y lograrla», afirmó en ese acto el jefe de Estado.
Además, puntualizó que «si ese acuerdo no existiera», no se debería «hacer frente al pago de USD 19.000 millones», lo cual condicionaría la iniciativa elaborada en el Palacio de Hacienda.
«La realidad nos exige seguir adelante con el FMI. Si ese acuerdo no existiera, las condiciones serían otras, sería distinto en las posibilidades que tiene el Estado en promover el desarrollo que queremos promover», sostuvo.
El proyecto incluiría un fuerte crecimiento destinado a las obras públicas, una inflación cercana al 35% y un crecimiento de alrededor del 4,5%.
