Otra vez un manto de oscuridad envuelve a una campaña electoral en Tucumán. Sin embargo, esta vez, los escándalos han comenzado a revelarse mucho antes de los comicios, y no a partir del cierre de las mesas, como en las dos elecciones que dieron como vencedor a Juan Manzur, otra vez cuestionado por la falta de transparencia (en el mejor de los casos).
Esta elección tiene la particularidad que, por primera vez en muchos años, se enfrentarán dos facciones fuertes del peronismo tucumano, un hecho inédito desde antes la llegada de José Jorge Alperovich a la gobernación en 2003, hace ya casi veinte años. Y, desde que se implementaron las Paso, nunca sucedió.
Por ello, estas internas tienen en Tucumán un condimento casi inédito para el Siglo XXI como es la primera gran batalla electoral entre peronistas, casi siempre del mismo lado en las urnas. Esta situación es quizá lo que ya ha provocado una tensión no acostumbrada durante la campaña, antes del comicio en sí.
Esta semana se conocieron dos noticias que podrían considerarse habituales en las campañas tucumanas. La primera fue la difusión de un subsidio de hasta 10 mil pesos sin razón alguna, otorgado con la venia de algún dirigente barrial y el certificado de pobreza. El segundo fue la intervención de la Policía de Tucumán en un acto político del intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro, en la localidad de Rumi Punco.
El segundo de estos hechos deja en evidencia la pérdida absoluta de la esencia del peronismo en la provincia, con una práctica sólo equiparable a la de los militares de la última dictadura militar, de quien los militantes justicialistas tucumanos fueron grandes víctimas.
Por el insólito subsidio, el concejal de Yerba Buena Alejandro Sangenis formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, por la supuesta «compra de votos» mediante la entrega de subsidios de hasta $ 10.000 por parte del Gobierno provincial.
Sangenis, que forma parte de la estructura encabezada por el vicegobernador y precandidato a diputado nacional Osvaldo Jaldo, resolvió recurrir a la Justicia federal para que se inicie un expediente relacionado con esta situación. “La Justicia debe investigar; pagan subsidios a cambio de votos”, criticó la oposición
«Las maniobras delictuales que se denuncian consisten en la compra de votos para que, en las elecciones del 12 de septiembre de 2021, (los beneficiarios) voten la lista de Pablo Yedlin, hermano del ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, a senador nacional, y de Roxana Chahla a diputada nacional. Ambos candidatos están vinculados al Gobierno provincial», sostuvo Sangenis.
En ese sentido, detalló que «para la compra de votos, se promete un subsidio del Gobierno de $ 10.000» por cada boleta. «Las personas que se comprometen a vender sus votos deben realizar cartas de pobreza en las comisarías de Tucumán; luego entregan esa documentación a un dirigente o ‘puntero político’, quien gestiona el subsidio», agregó.
Sostuvo además que, a su criterio, «el delito no sólo (se configura por) la compra de votos, sino también por el desvío de fondos, porque esta maniobra se realiza con dinero del erario». Las palabras del concejal están completamente fundamentadas, aunque él mismo haya formado parte en el pasado de agrupaciones políticas que acostumbraban prácticas semejantes.
En el inciso B del Artículo 139 del Código Nacional Electoral, donde se enumeran los delitos por los cuales “se penará con prisión de uno a tres años”, el texto recibierá tal pena quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. Sin duda esta figura coincide perfectamente con lo denunciado por Sangenis.
¿Hará lugar el magistrado al reclamo del dirigente jaldista?… Es difícil. Casi por seguro, como estamos acostumbrados, primará en la Justicia algún formalismo que evite una vez más la aplicación de las leyes por sobre esas costumbres, nacidas de vicios, que en realidad tienen todas características de un delito, según lo describen las leyes provinciales y nacionales.