La abogada Mónica Pérez acompaña la querella por el crimen del operario de CCC, ocurrido el 18 de marzo de 2019. Por este hecho fue condenado a 16 años de prisión, Omar Alejandro Monteros. Junto con él, un adolescente fue encontrado penalmente responsable, pero hasta la fecha no se le graduó una pena en años. Lo cierto es que para cumplir con esto primero la Dirección de niñez, adolescencia y familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Gabriel Yedlin, debería oralizar un informe socioeducativo del acusado.
Al respecto, la abogada querellante expresó: “Los familiares preguntan y cuestionan -con toda razón- la demora para dictar un fallo que peticionan y que ruegan, sea ejemplar. El fiscal Ignacio López Busto pidió 15 años; sería una de las condenas más altas que la ley permite contra un adolescente”. Y agregó: “Entienden que la demora en imponer la condena es una ‘burla’ a quienes han perdido su ser querido. Afirmando que la justicia tardía tampoco es justicia”.
La doctora Pérez detalló a La Gaceta: “Han acudido ya a tres audiencias que se suspenden y reprograman porque estando todos los informes realizados, el último de ellos, no puede ser aclarado ni explicado a la jueza en audiencia. Porque quien lo confeccionó no estaría obligada a comparecer ante Su Señoría. Resulta increíble que no se haya podido, a través del imperium y la fuerza de la ley, obligar a esa comparecencia”.
