Tras la clausura por riesgo de derrumbe en el Mercado del Norte, el conflicto se agrava y amenaza con terminar en violencia ante la inflexible posición de los puesteros contra la decisión judicial de desalojo, que había pedido la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ayer por la tarde, la jueza Cynthia Lorena Rocha ordenó el desalojo inmediato y en forma pacífica de los puesteros. La magistrada pidió “un plan de evacuación”, comunicado en persona, con el objetivo de salvaguardar la vida de esas personas. Rocha enfatizó que no se debe tratar a las personas que están en el lugar como si estuvieran cometiendo el delito, sino como trabajadores que protegen sus productos y sus trabajos. Sólo en caso extremo de resistencia, se usaría el desalojo por la fuerza.
Durante la audiencia judicial, Ignacio Ferrari, apoderado de la municipalidad, advirtió que “existe un riesgo actual e inminente de derrumbe y que esto se traduce en un peligro, tanto para las personas que están adentro, como para el patrimonio y para los locales comerciales que están alrededor».
Además, el funcionario reconoció que “la municipalidad no tiene vínculo contractual con los puesteros”. Es más, dijo que la Municipalidad no tiene una nómina de estos puesteros. Ferrari no sabe quiénes son. Después Ferrari pidió que además de desalojar a los actuales ocupantes del predio, se designe una consigna policial en el ingreso, para evitar que vuelvan a instalarse.
Desde el frente, los comerciantes, se mostraron inflexibles contra la medida judicial. «No tuvimos ningún contacto con nadie de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vamos a seguir acá, con esta toma, por la defensa de nuestras fuentes de trabajo», afirmó Félix Abregú, presidente de los puesteros.
El comerciante aseguró: «Hemos convocado a varios profesionales en cálculo para que hagan vista si realmente el mercado está a punto de colapsar, como dice el intendente (Germán Alfaro), quien es otro coronavirus para nosotros», fustigó el puestero.
Por otro lado, anticipó que solicitarán a la Justicia para que se precise quiénes son los profesionales de parte del municipio que firmaron el informe técnico que sugiere la posibilidad de colapso. «Habría que ver quiénes han firmado eso. Vamos a exigir que lo digan. La estructura es segura, le mienten a la gente. Obviamente que (el edificio) necesita una mejora; porque nos han discriminado, nos tratan como ‘negros'», protestó.