«La institución del juicio político ha sido totalmente bastardeada. Este es un instituto que sirve para que cuando un funcionario o los magistrados no cumplen con sus funciones, revise sus acciones. Pero en la provincia vemos que se vulneró el derecho a la defensa», afirmó Germán Alfaro en diálogo con Los Primeros, intendente de San Miguel de Tucumán y titular del Partido por la Justicia Social.
Estas expresiones se inscriben en la preocupación que despertó el proceso abierto en la comisión de Juicio Político de la Legislatura contra el juez Enrique Pedicone, que hizo pública su denuncia y la gabración de un audio, donde el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, le habría pedido que manejará la «intensidad» de una denuncia penal por abuso sexual contra el legislador Ricardo Bussi.
Para Alfaro el tema pone en juego el respeto por la institucionalidad en la provincia, que si bien es una cosa intangible para la sociedad, «es la madre de todos nuestros males. Porque si no respetamos las instituciones y los mecanismos sistemáticos que nos brinda la Constitución y sus garantías, hacia abajo se produce un derrame y surgen todos los problemas».
Las consideraciones de Alfaro fueron puestas de manifiesto en una declaración pública del Partido por la Justicia Social, para poner de relieve que los parámetros institucionales «nos permiten vivir en sociedad y en democracia». Pero Alfaro consideró que hay que darle importancia a la falta de calidad institucional que se advierte en Tucumán y criticó en ese sentido, que el instituto del juicio político «se utiliza para el apriete de los magistrados, porque si no fallan en tal o cual sentido les hacen saber que tienen la mayoría necesaria y como decimos los tucumanos, te puedo rajar».