La comisión de Juicio Político de la Legislatura se encuentra, como nunca antes en la historia de Tucumán, en un lugar central para el futuro institucional de la provincia. Es que, además del jury contra el ex camarista Enrique Pedicone que se lleva a cabo en este momento, otras dos presentaciones podrían hacer temblar gran parte de la institucionalidad provincial.
Al pedido de juicio político contra la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Sbdar, y el vocal del mismo tribunal, Daniel Posse, presentado el viernes, se suma otro con una llamativa coincidencia. El primer pedido de proceso, fue iniciado por Caciques Del Consejo Diaguita tras la decisión de los magistrados que hicieron lugar a una demanda por prescripción adquisitiva en un terreno de La Quebradita, en Tafí del Valle. Fue publicado por El Federalista.
La primera presentación dirigida al Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura, Zacarías Khoder, está firmada por Santos Eugenio Pastrana, René Ramón Romano, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda y Antonio Guillermo Carrazano, solicita la “remoción por el Jurado de Enjuiciamiento” de Sbdar y Posse por “por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta y reiteración de irregularidades en el procedimiento”.
Según el reclamo de los Caciques Diaguitas, los vocales beneficiaron con parcialidad a Giselle Susana Courtade. Lo que no había trascendido en esa presentación es que Courtade, es la madre de la periodista de La Gaceta, Irene Benito, eslabón fundamental en el otro pedido de juicio político, también contra Pedicone, pero esta vez por haber favorecido a la familia de la comunicadora del centenario diario. Esta pedido de juicio político fue presentado por el letrado Alfredo Falú.
Este solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» de Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita».
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán, La Gaceta SA».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética», remarca el abogado.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales», según publicó El Tucumano.
Caciques
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo», además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento» en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
Repudio
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que la denuncia de Falú contra Benito «sólo busca criminalizar el periodismo profesional y cercenar la cobertura de hechos de trascendencia pública», y repudió «el acoso judicial y la campaña de hostigamiento a la que viene siendo sometida la colega por sus investigaciones» con el que «se pretende utilizar el sistema judicial de Tucumán para callar voces críticas».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las denuncias contra Benito y destacó que «sus investigaciones sirvieron para destapar uno de los mayores escándalos que involucran a la justicia y la política en la provincia de Tucumán».
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por las denuncias y resaltó que «la periodista tucumana cubre uno de los mayores escándalos de corrupción político-judicial de la historia de su provincia».