Cuando la conmoción social por el brutal femicidio de la profesora de inglés, Paola Tachaco, permanece fresca, la madre de la joven asesinada fue terminante en la advertencia al gobernador Juan Manzur, quien debe decidir el destino del juez Juan Francisco Pisa, quien sobreseyó al asesino y permitió indirectamente el crimen: : “no le acepte la renuncia al asesino del juez Pisa. Porque si le acepta sería como matar dos veces a mi hija Paola”.
Mariela Tacacho dejó Tucumán este jueves, tras el viaje realizado al enterarse de la terrible noticia de que su hija había sido asesinada por Mauricio Parada Pareja, un joven contra quien había realizado trece denuncias por acoso y Pisa lo sobreseyó.
“Me siento muy mal y no ayuda este gobierno. Quería remarcar esto: el señor Gobernador jamás levantó el teléfono para saber cómo estábamos o en qué nos podía ayudar. ¿Acaso estoy equivocada? Creo que es lo que correspondía”, dice Mariela al diario La Gaceta.
“Los de la inmobiliaria nos dieron el tiempo que necesitáramos para entregar el departamento. Pero lo hicimos rápido. Hoy lo dejamos. Hoy nos llevamos las pertenencias de mi hija. Es que necesitamos hacer el duelo en Salta, nuestra ciudad, para estar tranquilos y rodeados de afecto”, detalla la mamá de Paola, quien se hospedó en el departamento de su hija.
“Ojalá se modifiquen las leyes, para que ninguna mujer en el futuro vuelva a padecer el calvario que sufrió mi hija. No sólo es necesario mejorar las leyes, sino supervisar que los jueces y fiscales cumplan con su función, sin minimizar las causas o desestimarlas con liviandad o por connivencia con otros poderes del estado o económicos”, agregó.
Juntan firmas
Mientras tanto, a través de la plataforma change.org, lanzaron una petición para exigir al Gobernador que el funcionario judicial permanezca en el cargo y enfrente un juicio político por el femicidio. El objetivo de la campaña es que el funcionario judicial permanezca en el cargo y enfrente un juicio político por el femicidio que conmovió a Tucumán, debido a que expuso la ineficiencia del Estado en materia de protección de las víctimas de violencia.
Inés Baralo, ingeniera en Informática que trabajaba junto a Paola en un colegio privado, tomó la decisión a título personal de impulsar la campaña en busca de firmas. Con eso objetivo, recurrió a los argumentos que vertió el abogado constitucionalista Luis Iriarte en sus redes sociales.
El currículum de Pisa
La confirmación de las intenciones de Pisa de jubilarse coincidió con la presentación de al menos dos nuevos pedidos de destitución en su contra por su actuación en una de las 13 denuncias que presentó Tacacho. El juez formalizó su dimisión mientras estaba en el centro de la escena institucional y política por el caso del vocal de la Corte, Daniel Leiva, posición en la que continúa.
Pisa dictó dos resoluciones favorables a la defensa de Leiva. Primero dispuso que la denuncia del juez Enrique Pedicone sea tramitada con la modalidad escrita y cerrada del viejo Código, y denegó a aquel el rol de querellante, y, luego, excluyó a las grabaciones donde consta que Leiva habría presionado al denunciante para que “manejara las intensidades” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi.
Si el gobernador acepta la dimisión, al juez ya nadie podrá sacarlo de su puesto ni privarlo de un ingreso liquidado, cercano a los 400.000 pesos. Pero además, podría permanecer en su despacho durante un período indefinido a la espera de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le deposite su primera jubilación.
Pisa obtuvo su nombramiento como juez de Instrucción en el período en el que el ex gobernador José Alperovich. Siete meses después de jurar en el cargo, Pisa cobró protagonismo al sobreseer a todos los involucrados en “PIBE”, pesquisa que pretendía dilucidar presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante la gestión de Julio Miranda y que involucraba a la ex primera dama Beatriz Rojkés.
El juez luego intervino para aliviar a funcionarios en los casos “Gasnor”, “Funsal” y “Teves”, y hasta anuló el requerimiento de investigación jurisdiccional de Albaca, controvertido ex fiscal de la causa “Lebbos” cuyo juzgamiento aún no llega.