El aberrante crimen de Paola Tacacho y su gran exposición mediática provocó revuelo en la Justicia de Tucumán. Ahora, de a poco se van reconociendo fallas en el sistema, como, por ejemplo, que hay muchísimas causas estancadas que no avanzan y todas son sobre violencia de género.
Son más de 6.000 las denuncias que quedaron sin resolverse antes de que se pusiera en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Dentro de esas causas se encuentra seis de las muchas denuncias que realizó Paola.
Además, la fiscal Adriana Reynoso Cuello es quien está al frente de las fiscalías conclusionales de Robos y Hurtos y de Violencia de Género y cuenta con 10 empleados para resolver nada menos que 10.000 expedientes (7.500 de delitos contra la propiedad y otros 2.500 de amenazas y lesiones denunciadas).
A medida que vaya resolviendo, las irá pasando a los juzgados que ya tienen otras 4.000 causas de este tipo por resolver. La corte Suprema de Justicia de la provincia pidió prioridad a los expedientes de los delitos más graves (homicidios, abusos sexuales y robos agravados). Si se cumple a rajatabla esa orden, varios de los hechos de violencia de género podrían prescribir.
En todo el 2019 al Ministerio Público Fiscal ingresaron alrededor de 23.000 denuncias por amenazas solas y amenazas con lesiones. De ese número, el 40% pertenecen a víctimas de violencia de género.
El 90% de esos expedientes son iniciados por las víctimas para conseguir de manera urgente una medida de protección (prohibición de acercamiento y exclusión del hogar), pero después no continúan con la acción penal en contra del denunciado.
Fuente: La Gaceta.