El Ingreso Familiar de Emergencia es una estrategia diseñada por el gobierno para ayudar a los ciudadanos a combatir la crisis de la pandemia. Está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos por las medidas de aislamiento.
El presunto cobro indebido del IFE tuvo sus consecuencias para 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El juez de garantías de Salta Julio Bavio fue quien imputó a los sospechosos.
Fue Ricardo Toranzos, fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien acusó a los involucrados. Además de la acusación por defraudación, se les impuso un embargo de 60 mil pesos a cada imputado.
Periodistas de FM Noticias, de Salta, dejaron ver que el cobro irregular del IFE existía en Salta y que la cuestión involucraba a distintos funcionarios públicos, en su mayoría concejales que corresponden a 15 localidades provinciales distintas.
Fue este informe periodístico el que dio paso a la investigación. El fiscal pidió informes a la oficina central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que aportó listado de quienes cobran el IFE, pero también documentación que acompañó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados.
