Avanzando con la causa del supuesto espionaje a periodistas y políticos por parte del sector macrista, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, fiscales federales de Lomas de Zamora pidieron las indagatorias del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, de su ex número dos, Silvia Majdalani, y del ex secretario presidencial Darío Nieto.
También se dice que el espionaje fue hecho a miembros de gremios. Los fiscales hicieron la presentación ante el magistrado federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, por el delito de «asociación ilícita». Este supuesto espionaje ilegal involucra tareas sobre dirigentes políticos como Cristina Kichner y Horacio Rodríguez Larreta. También a dirigentes gremiales como Pablo y Hugo Moyano, y periodistas.
Los ya procesados Arribas y Majdalani serán citados por el espionaje también a dirigentes del macrismo, como Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Es decir, no solamente espionaron a la oposición, sino también a dirigentes de su propio espacio.
«Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia. El objetivo era determinar los movimientos de las víctimas con el objetivo de establecer cuáles eran sus estrategias, tendencias e inclinaciones políticas», sostienen los fiscales.
“Las órdenes que impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
«Eran ellos los que dominaban y detentaban el poder sobre toda la estructura institucional de la Agencia Federal de Inteligencia, y a quienes reportaban el resto de los imputados. Estas tareas también tuvieron como objetivo a personas que cumplían funciones relevantes dentro del partido político del oficialismo, de funcionarios públicos con los máximos cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ser Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, o en el Congreso de la Nación, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros», fueron las palabras usadas en la acusación.
“Los seguimientos y la obtención de información respecto de los nombrados fue de tal intensidad que se convirtió en una práctica cotidiana para la organización. Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección de esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, también se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios 160 dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes», dijeron los fiscales.
«Se vislumbra con claridad una vía adicional de para el flujo de la información de inteligencia ilegal entre algunos de los agentes de la AFI y otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, quienes se valían de informes elaborados por los agentes para determinar distintos lineamientos y estrategias políticas», finalizaron los fiscales.