La justicia ordenó llevar adelante el salvataje de empresa, conocido como Cram – Down, para Correo Argentino, esta es una primera medida que utilizan los jueces concursales para evitar una quiebra.
Luego de mucho tiempo, el viernes la Justicia decidió abrir el procedimiento “cramdown” o salvataje de la empresa Correo Argentino que llevara a cabo la extensión de la muerte comercial del Grupo Socma (familia de Macri) y se dispuso a cargo del concurso Mara Cirulli.
La resolución judicial ejerció más presión sobre la familia Macri, porque se supo que quisieron frenar el expediente.
Los Macri, que interpusieron un recurso «de queja», en un intento agónico por llegar a la Corte Suprema y frenar el avance del expediente, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazara su recurso extraordinario por incumplir con los requisitos legales.
EL recurso de Queja presentado por los Macri, tendrá que ser evaluado por la Corte, pero al no tener efecto suspensivo la jueza Cirulli puede avanzar. Por lo que procedió a la apertura de un registro durante cinco días para que se inscriban «quienes se encuentren interesados en la adquisición del capital social de la concursada», en alusión al Correo Argentino, «a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo».
De no prosperar ese procedimiento de última instancia previsto por la ley, sin embargo, la Justicia quedaría habilitada a ordenar la quiebra del Correo Argentino -diecinueve años después de la apertura del concurso preventivo de la empresa-, pero también su eventual extensión a su holding controlante, el Grupo Socma.
Para la fiscal general del fuero en lo Comercial, Gabriela Boquín, que estuvo exponiendo en el senado, el «cramdown» es el camino que debió seguirse hace años. Considera que se realizaron «actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa», por lo que apoyó la apertura del procedimiento de salvataje. Los acusó de un «uso abusivo del procedimiento concursal» para de ese modo «defraudar la ley y los derechos de los trabajadores».
«Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown -según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa», alertó la fiscal general.
La Fiscala Boquín también extendió sus reproches por el «vaciamiento» de la empresa a la propia jueza del concurso, Marta Cirulli, a la que le endilgó una cuota de responsabilidad por los retrasos que arrastra el expediente desde 2004 sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra.
La jueza tampoco se quedó callada durante los últimos años. Expreso que ella no convalidó el acuerdo que sellaron el Estado y la empresa del Grupo Macri durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y que el concurso subió a la Cámara del fuero en 2010, donde permaneció durante los siguientes siete años
También dejo entrever que el devenir del concurso provocó también la apertura de una investigación penal que quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien debe determinar si funcionarios del Gobierno de Cambiemos buscaron llegar a un acuerdo con la familia Macri lesivo para los intereses del Estado.
Con la llegada del Gobierno de Alberto Fernandez y su asunción como procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, este propugnó por la apertura del «cramdown», y solicitó que se desplace a sus máximas autoridades y se designara a un interventor judicial, planteo que admitió la jueza, a principios de marzo.
Zannini afirmó que los ejecutivos de la familia Macri al frente del Correo Argentino cometieron «irregularidades» con «entidad suficiente para lesionar seriamente» los intereses del Estado nacional, su principal acreedor, que «ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia».
Con esos planteos combinados, y mientras los Macri intentan que la Corte Suprema admita su recurso de «queja» y le ordene a Cirulli enviarle el expediente del concurso, la jueza ordenó publicar edictos en el Boletín Oficial para convocar a los interesados en quedarse con el Correo Argentino. Si nadie se presenta o no se llega a un acuerdo, la ley es clara: «El juez declarará la quiebra».